Son 112 decretos legislativos. 112 normas con rango de ley que el Poder Ejecutivo ha publicado en el marco de las facultades delegadas que le dio el Congreso de la República. Y si recordamos un poquito, el Ejecutivo batalló como nunca antes en la historia democrática peruana para que, a finales de setiembre del año pasado, el parlamento le otorgara la facultad de legislar. El Ejecutivo tuvo que ofrendar mucho, hasta una institución tan valiosa y legítima como la Defensoría del Pueblo, y otras como el Banco Central de Reserva. 

Es imperativo hacer un análisis de todas las normas. Si bien hay algunas que significan un avance sustantivo en materia de protección de derechos humanos básicos; preocupan otras que, por incentivar la inversión económica, pueden terminar vulnerando derechos fundamentales.

Así, tenemos que felicitar normas como el Decreto Legislativo 1321 que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familia y la violencia de género. Esta ley era una demanda ineludible y urgente en un país donde la inseguridad ciudadana se engendra desde las familias y se ensaña con las mujeres y niñas, ya sea dentro de las casas o en las calles. Lo que hace esta ley es crear un delito para sancionar la violencia contra nosotras las mujeres, además incorpora los delitos de explotación sexual, esclavitud y trabajo forzoso en nuestra legislación; y por si fuera poco, incluye expresamente la orientación sexual e identidad de género en el delito de discriminación y en los crímenes de odio (basados en la intolerancia). Desde un enfoque de derechos humanos esta es una excelente norma que hace algo tan básico como proteger la vida de las personas. De todas las personas.

Sin embargo, son esas otras leyes que pueden resultar graves retrocesos en materia de derechos humanos a las que hay que prestar atención. Ya hay voces que han expresado su preocupación como es el caso del exministro del Ambiente Manuel Pulgar Vidal.

Al respecto, mediante el Decreto Legislativo 1351 se estarían perdonando los delitos de minería ilegal, esto bajo el argumento de lograr su formalización (sin importar que este tipo de minería siempre va atada a la trata de personas, recordémoslo). O mediante el DL 1285 se estarían extendiendo en demasía los plazos (nueve años) para la adecuación de los prestadores de los servicios de saneamiento. O el DL 1278 sobre la gestión de residuos sólidos que hace que ya no participe la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) y podría abrir la puerta para que se pueda reutilizar material altamente peligroso, perjudicando así seriamente la salud.

Otro es el caso de la Autoridad Nacional de Transparencia que ha sido creada como una dirección más dentro del Ministerio de Justicia y sin la fuerza vinculante necesaria para que el Estado entregue información. Así, para muchas personas que hemos acudido a pedir información al Estado que nos debería ser entregada en un plazo de días, si la oficina a la que pedimos la información la clasifica como secreta, reservada o confidencial, de nada servirá, no darán la información y punto. Lo único que se ha logrado es dilatar el tiempo para pedir la información por vía judicial (hábeas data).

Acerca de esta última norma, preocupa la respuesta de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, cuando dice que el gobierno se compromete a poner las personas adecuadas para que esta autoridad pueda ejercer verdaderamente su función. Preocupa porque no se trata de personas, sino de crear instituciones sólidas que no jueguen al vaivén de la coyuntura política o de quienes están a cargo.

El excongresista Daniel Mora también ha hecho observaciones a uno de los decretos ya que estaría modificando la reforma educativa universitaria, y así seguirán muchas voces más.

Falta ahora que el Congreso revise estas normas (artículo 90 del reglamento del Congreso). En la historia del Perú reciente no ha habido objeción alguna a estos paquetes legislativos, incluso en casos tan complicados como los decretos legislativos que sacó el segundo gobierno de Alan García y que originaron el Baguazo, no hubo objeción alguna. Esta vez, lo más seguro es que sí la haya, ya lo han adelantado varios congresistas fujimoristas. Pero me atrevo a decir que las objeciones no serán para las leyes que puedan afectar los derechos de la ciudadanía, por el contrario, serán los decretos legislativos que protegen los derechos de las personas los que serán ofrecidos en bandeja, para así cuidar los que salvaguardan el “crecimiento económico”.