La sentencia de Atuncolla ha sido histórica. No todos los días se puede poner freno a un Ministerio tan poderoso. David le ganó a Goliat.
Fueron 11 comunidades campesinas de Puno a las que nunca se les notificó que sus territorios estaban concesionados a una empresa minera. Comunidades que, gracias al riguroso trabajo de gente valiosa que trabajó con ellas, descubrieron en la web del Ministerio de Energía y Minas la situación de su territorio. Recién allí se enteraron de que el Estado peruano, ese que supuestamente está para protegerlos, había concesionado todas sus comunidades a una empresa extranjera.
Y pese a que en el Perú la consulta previa es un derecho humano de los pueblos indígenas, en el caso de los proyectos mineros el Estado peruano lo incumple. Las comunidades se dieron cuenta, una vez más, de que en la vida real, si eres parte de una comunidad campesina o nativa, es decir, si eres indígena, el Estado no respeta tus derechos humanos, al contrario, los cercena.
Las comunidades interpusieron una demanda. Reclamaron al Estado por esta violación de sus derechos perpetrada por el Ministerio de Energía y Minas con el afán de favorecer a una empresa minera.
A finales del año pasado, el Poder Judicial confirmó que en el 100% del distrito de Puno existían concesiones mineras otorgadas sin el conocimiento de las comunidades y que nunca se realizaron las consultas previas debidas. Confirmó que el Ministerio violó el Convenio 169 de la OIT.
La semana pasada estuve en Puno. Visité, junto con el equipo de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) –organización que junto con el IDL litigó el caso–, el complejo arqueológico de Sillustani, que está en los territorios comunales de la sentencia. Sí, todo un complejo arqueológico concesionado. Fue como ver todo Machu Picchu concesionado, o las líneas de Nasca. Fue recordar que en Perú algunas personas pueden amanecer un día con toda su casa concesionada, su barrio, su distrito.
Mientras estaba en Sillustani, en Lima más de 50 personas habían sido detenidas por defender su derecho a la libertad de tránsito, o fueron detenidas por simplemente estar allí, vivir allí. Sin pruebas o con pruebas sembradas. Varias heridas con perdigones en la cara, dos a punto de perder la vista, una de ellas con el cuerpo agujereado por casi 100 perdigones. Perdigones disparados por la Policía Nacional del Perú. Porque en Atuncolla (Puno) o en Puente Piedra (Lima), y en cientos de lugares más en nuestro país, el Estado se comporta aún como un Goliat pérfido y abusivo, y porque los violentados, a los que se les quita sus derechos, siguen siendo los mismos. Porque en el Perú la historia se repite.
