El fujimorismo nos juró por todos los santos y los apus que había cambiado. Que ahora sí respetaría el Estado de derecho, que no petardearía la democracia y que no tenía en su agenda la libertad del reo Fujimori, preso por asesino y ladrón. Keiko, Kenji, Luz Salgado, la Chacón y demás colegas, intentaron decirnos que ya no eran lo mismo; que ahora incluso tenían gente nueva, y vaya gente que se jalaron. Joaquín Ramírez, Aramayo y varios más nos demuestran que las escenas tarantinescas del Pulp Fiction que nos remeció en los 90, solo se han remozado en el 2017.
Con la última negativa a aprobar el proyecto de Ley de Roberto Vieira ha quedado claro que la libertad de Fujimori no es el objetivo principal de quienes lideran actualmente el partido. El proyecto que buscaba la liberación de Alberto Fujimori, vía el arresto domiciliario, fue descartado por el mismo fujimorismo. La excusa fue que el fujimorismo quiere el indulto, es decir, quiere libertad irrestricta y no continuar la pena de 25 años en su domicilio. Este argumento es insostenible y se contradicen con los intentos de demostrar que Alberto estaría realmente mal de salud.
Y después de patear la posibilidad del arresto domiciliario de su líder en cárcel, el fujimorismo anuncia la presentación de su enésimo Habeas Corpus. Esta vez, incluso le han puesto un nombre: habeas corpus por la libertad, lo cual deja ver que en realidad la libertad de Fujimori no es su fin, sino que es una campaña para presionar ya sea al gobierno o bien ahora al Tribunal Constitucional (TC); lo que buscan es demostrar que tienen poder. ¿Por qué este nuevo espectáculo si ellos mismos saben que todos los otros habeas corpus anteriores fueron negados?
¿Cuál es la gran diferencia hoy?
Lo que cambia en el tablero político es que ahora tres magistrados constitucionales: Espinoza Saldaña, Miranda Canales y Ramos Núñez y la magistrada Ledesma Narváez, tienen una denuncia interpuesta ante el Congreso de la República por el caso El Frontón. En un periodo normal, esta denuncia se caería por débil y absurda. Pero teniendo un Congreso con 72 congresistas fujimoristas, en el que incluso nombraron como directores del BCR a personas tan cuestionables como Rafael Rey y Chlimper, todo puede suceder.
Nada es gratuito, todo demuestra que el fujimorismo no ha cambiado ni siquiera un poquito, van a presionar para que el TC les resuelva un pedido mil veces negado; y si esto no se hace, podrán incluso repetir su actuación de los años noventa con la destitución de magistrados. En eso tiene experiencia.
Posdata
En medio de todo este juego político perverso, la Corte Suprema de Chile consideró que existen elementos probatorios de la responsabilidad de Alberto Fujimori en la matanza de 6 personas en Pativilca, perpetrada en enero de 1992 (sí, el mismo año en que desaparecieron dos personas en la base militar de Madre Mía, base al mando de Ollanta Humala Tasso). Felandro Castillo Manrique, César Rodríguez Esquivel, Toribio Aponte Ortiz, Pedro Agüero Rivera, Ernesto Arias Velásquez y el estudiante John Calderón Ríos fueron asesinados por el grupo Colina. Fujimori tuvo el mando sobre este aparato organizado de poder que fue el destacamento militar Colina, esto ya ha quedado probado en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Cuando recalcamos la necesidad de que Fujimori cumpla su condena, no lo hacemos por un supuesto odio o venganza, sino por justicia de cada una de las personas asesinadas por un aparato organizado de poder que él dirigió, por cada una de las muertes que él pudo evitar y no lo hizo. Son miles de familiares que aún no encuentran justicia, y mientras no la alcancen, no se podrá pasar la página.
