Cuando estaba embarazada se ratificó la condena de 25 años a Alberto Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y también por corrupción. Nos juntamos en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Recuerdo estar sentada con mi panza inmensa al costado de Raida y escucharla contarme cómo cambiaría mi vida siendo madre. Raida, madre de Armando, ha caminado la vida buscando justicia por la desaparición de su hijo. Escuchaba cada una de sus palabras, atesorándolas, tratando de entender cuán inmenso es el amor de una madre, cuán enorme es también el dolor. Con los años aprendí que, al alcanzar justicia, es importante juntarte con los tuyos, conversar, recordar y celebrar lo alcanzado. Porque es la justicia lo que les queda a las víctimas de crímenes atroces para tomar la vida con esperanza; porque la justicia es un consuelo muy chiquitito para las madres, las hermanas, pero toca aferrarse a esta esperanza con uñas y dientes. Así como nadie tiene el derecho de arrebatar una vida, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de arrebatarnos la justicia.
Anteayer, el Perú escuchó a Carmen, hija de Raida, hermana de Armando, hablar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La escuchamos denunciar la impunidad de un indulto que no fue humanitario, y clamar por la memoria de todas y todos los familiares de las víctimas de Fujimori para que el principal responsable de la muerte de su hermano cumpla su condena: “justicia exigimos, justicia esperamos, que nuestra lucha de 25 años no sea pisoteada, que la justicia de 25 años no se nos arrebate, justicia es lo que esperamos”.
Anteayer, mientras escuchábamos los alegatos de Gloria Cano, abogada de APRODEH, pudimos ver detrás de ella a Rosa Rojas, madre de Javier Ríos Rojas, niño de ocho años asesinado por Colina en Barrios Altos; la vimos enjugarse las lágrimas, aferrarse a la foto de su hijo y de su esposo (también asesinado por Colina) sin poder reprimir el llanto. Gloria denunció que el indulto y el derecho de gracia fue el resultado de un pacto político que pisoteó los derechos de las víctimas, liberando a un condenado por graves delitos a cambio de impedir la vacancia de la presidencia.
Lo que han pedido las víctimas y su defensa legal en la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no se violente aún más la justicia en el Perú. Porque costó mucho alcanzar esa sentencia impecable. Fue un camino largo y doloroso de quienes perdieron a sus familiares por mandato de Alberto Fujimori, camino que recorrieron junto con abogadas y abogados, con organizaciones de derechos humanos y con profesionales valientes en la Fiscalía y el Poder Judicial. A la fecha, son solo dos crímenes de derechos humanos por los que se ha condenado a Fujimori, pero hay una larga lista de crímenes sin condena, no solo es Pativilca, está la matanza de El Santa, el asesinato con un sobre bomba de Melisa Alfaro, las esterilizaciones forzadas y varios más; incluso hay otros por los cuales quizás no se le pueda juzgar nunca. Pero este indulto negociado rompió la poca justicia que se había alcanzado y quebró la esperanza de miles de familias afectadas por los crímenes de Fujimori Fujimori.
Del otro lado vimos a Jorge Villegas Ratti y Adrián Simons, abogados contratados por el Estado peruano, pagados con miles de soles que nos cuestan a todas y todos los peruanos, solo para defender este caso. Los escuchamos arrastrando con lentitud sus palabras, como si demorando su discurso pudiesen esconder la falta de fundamentos. Intentaron argumentar que el indulto debe revisarse en el fuero interno, como si fuera un nuevo caso y no se estuviera revisando la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta, como si la Corte no tuviese capacidad de supervisar el cumplimiento de sus sentencias. Posición absurda por donde se le mire. En otras palabras, los abogados caros que contrató el Ministro de Justicia no tuvieron mejor argumento que decirle a los magistrados de la Corte Interamericana que no deben revisar el indulto y que pidieron esta audiencia por las puras.
Gracias a estos abogados nos enteramos también que la causal del indulto no fue el famoso cáncer del cuál hablaba tanto Aguinaga y que se menciona repetidamente en la resolución del indulto - ¿quizás porque Fujimori no tiene esta enfermedad?-, y que la única causal del indulto fue su situación cardiaca. Lo que callaron es que ese estado de salud la llevan la mayoría de las personas de la tercera edad y que se puede continuar una vida normal, incluso en prisión, con una medicación sencilla: una pastilla al día.
Y así, mientras en el Perú no nos reponemos aún del dolor al enterarnos de crímenes aterradores contra dos niñas de 9 y 11 años, se hacía más punzante el escuchar que en Costa Rica la defensa de nuestro Estado, que se supone debería defendernos a nosotras y nosotros, argumentaba sinrazones para blindar la impunidad de un asesino que ordenó matar a cientos de peruanas y peruanos, que no se inmutó cuando en Barrios Altos mataron a Javier Ríos de 8 años, y que permitió que después de ese crimen el destacamento militar Colina siguiera matando.
Pero escuchamos también a Carmen Amaro, a sus abogadas y abogados, e incluso a la Comisión Interamericana, decirle a la Corte que la reconciliación de un Estado debe de ser con su ciudadanía —no con los delincuentes—, que los indultos negociados entre bambalinas le arrebatan el derecho a la justicia a las víctimas, insultan al país y son peligrosos precedentes mundiales de impunidad, y que este indulto y derecho de gracia ilegal otorgado al exdictador y delincuente Fujimori debe ser revertido.
Ambos, PPK y Fujimori, nos han quitado demasiado, las últimas denuncias de corrupción contra PPK siguen desaguándose y nos muestran cómo no solo nos arrebató la justicia, sino que además se levantó en peso al país cuando fue ministro de Toledo. Ahora PPK dice que quienes nos oponemos al indulto negociado somos solo un pequeño grupo de extrema izquierda. Iluso, no se quiere dar cuenta de que por lo menos la mitad del país no va a dejar que un lobista siga negociando y nos siga robando hasta el alma.